jueves, 19 de mayo de 2011
martes, 27 de julio de 2010
QUE LA BONANZA MINERA SEA BONANZA PARA TODOS
La minería está de moda. El oro, el petroleo, el carbón, el niquel, el coltán y otros están recibiendo grandes sumas de dinero de inversionistas extranjeros y nacionales. Crece la inversión extranjera, crece el PIB, crecen las exportaciones, crecen las utilidades empresariales, crecen las regalías, crece el empleo.
Pero aunque parece una situación ideal, en realidad no lo es para todos, veamos:
En el caso de las exportaciones la realidad es que los beneficios de las mismas son recibidos por empresas extranjeras que son las productoras, posterior a la exportación del producto, se exporta el capital generado por las jugosas utilidades que son enviadas a las casas matrices de las empresas multinacionales que extraen el recurso.
En el caso del empleo, no hay tal crecimiento. La minería es el sector menos intensivo en generación de empleo. Poca mano de obra se requiere para explotar las minas de oro, de carbón, de caliza, los yacimientos de petroleo y otros. El impacto de la minería sobre el empleo es mínimo.
En el caso de las utilidades empresariales, es verdad que crecen, y mucho, pero como ya se dijo, no se quedan en el país, esas gruesas sumas serán giradas a New York, Londres, Montreal y otros destinos financieros internacionales.
En el caso de las regalías, sí es cierto que aumentan, y las regiones que las reciben obtendrán grandes beneficios económicos. El problema es que ya es conocido el mal manejo de los recursos provenientes de las regalías que han hecho los gobernantes de municipios y departamentos. Esa platica, que ha sido mucha, se ha perdido casi toda. Este aspecto de nuestra finanzas públicas, necesita profundas reformas que garanticen que los pueblos reciban los beneficios que esas grandes sumas deberían proporcionar.
Otra reforma necesaria para que la bonanza minera le deje algo bueno al país, es la de los tributos que esas extracciones de nuestros recursos naturales pueden generar. Es un imperativo gravar la extracción y exportación de minerales de tal manera que el estado colombiano reciba ingresos suficientes que justifiquen la pérdida de ese recurso natural que sale del país. No pueden ser los impuestos normales que paga cualquier actividad productiva de los sectores industrial o comercial. El hecho de que grandes empresas extraigan y exporten del país recursos valiosos que no son renovables y que les generan enormes ganancias, debe necesariamente y en forma paralela generar también ingresos equivalentes para el estado colombiano. Esperemos que el nuevo gobierno proponga esa reforma para que así todos los colombianos recibamos los beneficios derivados de la explotación de nuestros recursos naturales.
Pero aunque parece una situación ideal, en realidad no lo es para todos, veamos:
En el caso de las exportaciones la realidad es que los beneficios de las mismas son recibidos por empresas extranjeras que son las productoras, posterior a la exportación del producto, se exporta el capital generado por las jugosas utilidades que son enviadas a las casas matrices de las empresas multinacionales que extraen el recurso.
En el caso del empleo, no hay tal crecimiento. La minería es el sector menos intensivo en generación de empleo. Poca mano de obra se requiere para explotar las minas de oro, de carbón, de caliza, los yacimientos de petroleo y otros. El impacto de la minería sobre el empleo es mínimo.
En el caso de las utilidades empresariales, es verdad que crecen, y mucho, pero como ya se dijo, no se quedan en el país, esas gruesas sumas serán giradas a New York, Londres, Montreal y otros destinos financieros internacionales.
En el caso de las regalías, sí es cierto que aumentan, y las regiones que las reciben obtendrán grandes beneficios económicos. El problema es que ya es conocido el mal manejo de los recursos provenientes de las regalías que han hecho los gobernantes de municipios y departamentos. Esa platica, que ha sido mucha, se ha perdido casi toda. Este aspecto de nuestra finanzas públicas, necesita profundas reformas que garanticen que los pueblos reciban los beneficios que esas grandes sumas deberían proporcionar.
Otra reforma necesaria para que la bonanza minera le deje algo bueno al país, es la de los tributos que esas extracciones de nuestros recursos naturales pueden generar. Es un imperativo gravar la extracción y exportación de minerales de tal manera que el estado colombiano reciba ingresos suficientes que justifiquen la pérdida de ese recurso natural que sale del país. No pueden ser los impuestos normales que paga cualquier actividad productiva de los sectores industrial o comercial. El hecho de que grandes empresas extraigan y exporten del país recursos valiosos que no son renovables y que les generan enormes ganancias, debe necesariamente y en forma paralela generar también ingresos equivalentes para el estado colombiano. Esperemos que el nuevo gobierno proponga esa reforma para que así todos los colombianos recibamos los beneficios derivados de la explotación de nuestros recursos naturales.
AUMENTO DE DESIGUALDAD EN LA ERA URIBE
Aumento de la desigualdad en la era Uribe
A la hora de los balances y las evaluaciones de un gobierno, es usual que cada uno hable de la fiesta según le fue en ella. Por eso no son de extrañar las múltiples manifestaciones de agradecimiento de empresarios y gremios para el presidente Uribe. Homenajes con emotivos discursos, condecoraciones y costosos avisos de página entera en los periódicos, son algunas de las formas de expresar el reconocimiento de estos grupos sociales por lo bien que les fue en estos 8 años.
Porque es evidente que en la gran mayoría de los sectores productivos el tamaño de los negocios y las utilidades de las empresas tuvieron significativos crecimientos. Para no citar sino unos ejemplos, desde el 2001 los precios de las acciones en la Bolsa de Valores han subido más de 1.200 por ciento, es decir, la riqueza de los afortunados propietarios de acciones se multiplicó por 12 en este periodo. O las utilidades del sistema financiero que se multiplicaron por 7 al pasar de $632.000 millones en el 2002 a $4.4 billones en el 2009.
En parte, estos buenos resultados se explican por el buen comportamiento de la economía que registró durante los gobiernos de Uribe un crecimiento promedio anual superior al 4%. Se podría discutir qué tanto de este crecimiento se debió a la gran bonanza de la economía internacional, o si con unas políticas diferentes se hubiera podido aprovechar mejor esta bonanza y crecer más, pero el hecho es que en este período el crecimiento del PIB estuvo ligeramente por encima del promedio de las décadas anteriores.
Pero no fue sólo el crecimiento del PIB lo que generó las grandes utilidades del sector empresarial, sino también las políticas de la confianza inversionista que propiciaron una redistribución de la riqueza y el ingreso a favor de las empresas en detrimento de los trabajadores. En otras palabras, durante la era Uribe los frutos del crecimiento no se repartieron de manera equitativa, sino que a unos pocos les tocó mucho y a muchos les tocó muy poco. En contraste con las utilidades, el salario mínimo sólo creció 6 por ciento.
Informes internacionales como uno de Unicef, publicado en marzo pasado, o el más reciente del Pnud sobre la desigualdad en América Latina, coinciden en señalar que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, y en donde no hubo mejoría en la última década. Las cifras oficiales del Dane proporcionan la prueba más contundente de que el 'corazón grande' de Uribe fue para unos pocos, es decir, que en estos años tuvimos un modelo de desarrollo regresivo y pro ricos que empeoró la distribución del ingreso y la riqueza, por medidas como la reforma laboral del 2002, que recortó los salarios de los trabajadores, o las inútiles gabelas y subsidios tributarios a las empresas.
El Dane calcula la distribución del PIB entre asalariados, dueños de las empresas (excedente bruto de explotación) y trabajadores por cuenta propia (ingreso mixto). Entre el 2002 y el 2007, la participación de las utilidades de las empresas en el PIB pasó del 28,9 al 33,7 por ciento, un incremento de casi 5 puntos porcentuales que, por supuesto, se dio a costa de una disminución idéntica de la participación de los asalariados y los de cuenta propia.
Cinco puntos del PIB son mucho dinero, unos US$14.000 millones anuales, que ya no llegan a los bolsillos de los trabajadores, sino que son más utilidades para las empresas.
No conozco el caso de otro país que en tan poco tiempo haya tenido un incremento tan grande de la participación de las utilidades empresariales en el ingreso nacional. El aumento de la brecha social es otro legado de la era Uribe que tendrá que cambiar el nuevo Gobierno.
Mauricio Cabrera Galvis, Portafolio julio 27 de 2010
A la hora de los balances y las evaluaciones de un gobierno, es usual que cada uno hable de la fiesta según le fue en ella. Por eso no son de extrañar las múltiples manifestaciones de agradecimiento de empresarios y gremios para el presidente Uribe. Homenajes con emotivos discursos, condecoraciones y costosos avisos de página entera en los periódicos, son algunas de las formas de expresar el reconocimiento de estos grupos sociales por lo bien que les fue en estos 8 años.
Porque es evidente que en la gran mayoría de los sectores productivos el tamaño de los negocios y las utilidades de las empresas tuvieron significativos crecimientos. Para no citar sino unos ejemplos, desde el 2001 los precios de las acciones en la Bolsa de Valores han subido más de 1.200 por ciento, es decir, la riqueza de los afortunados propietarios de acciones se multiplicó por 12 en este periodo. O las utilidades del sistema financiero que se multiplicaron por 7 al pasar de $632.000 millones en el 2002 a $4.4 billones en el 2009.
En parte, estos buenos resultados se explican por el buen comportamiento de la economía que registró durante los gobiernos de Uribe un crecimiento promedio anual superior al 4%. Se podría discutir qué tanto de este crecimiento se debió a la gran bonanza de la economía internacional, o si con unas políticas diferentes se hubiera podido aprovechar mejor esta bonanza y crecer más, pero el hecho es que en este período el crecimiento del PIB estuvo ligeramente por encima del promedio de las décadas anteriores.
Pero no fue sólo el crecimiento del PIB lo que generó las grandes utilidades del sector empresarial, sino también las políticas de la confianza inversionista que propiciaron una redistribución de la riqueza y el ingreso a favor de las empresas en detrimento de los trabajadores. En otras palabras, durante la era Uribe los frutos del crecimiento no se repartieron de manera equitativa, sino que a unos pocos les tocó mucho y a muchos les tocó muy poco. En contraste con las utilidades, el salario mínimo sólo creció 6 por ciento.
Informes internacionales como uno de Unicef, publicado en marzo pasado, o el más reciente del Pnud sobre la desigualdad en América Latina, coinciden en señalar que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, y en donde no hubo mejoría en la última década. Las cifras oficiales del Dane proporcionan la prueba más contundente de que el 'corazón grande' de Uribe fue para unos pocos, es decir, que en estos años tuvimos un modelo de desarrollo regresivo y pro ricos que empeoró la distribución del ingreso y la riqueza, por medidas como la reforma laboral del 2002, que recortó los salarios de los trabajadores, o las inútiles gabelas y subsidios tributarios a las empresas.
El Dane calcula la distribución del PIB entre asalariados, dueños de las empresas (excedente bruto de explotación) y trabajadores por cuenta propia (ingreso mixto). Entre el 2002 y el 2007, la participación de las utilidades de las empresas en el PIB pasó del 28,9 al 33,7 por ciento, un incremento de casi 5 puntos porcentuales que, por supuesto, se dio a costa de una disminución idéntica de la participación de los asalariados y los de cuenta propia.
Cinco puntos del PIB son mucho dinero, unos US$14.000 millones anuales, que ya no llegan a los bolsillos de los trabajadores, sino que son más utilidades para las empresas.
No conozco el caso de otro país que en tan poco tiempo haya tenido un incremento tan grande de la participación de las utilidades empresariales en el ingreso nacional. El aumento de la brecha social es otro legado de la era Uribe que tendrá que cambiar el nuevo Gobierno.
Mauricio Cabrera Galvis, Portafolio julio 27 de 2010
lunes, 3 de mayo de 2010
LAS VERDADERAS CIFRAS DE LA POBREZA
Los expertos del Departamento Nacional de Planeación consideran pobre a una persona que en el 2009 recibía menos de 281.384 pesos mensuales e indigente a la que no lograba percibir 120.588 pesos. Con esas cifras oficiales, la pobreza, medida por los ingresos percibidos por los hogares, cobijó a 45,5 por ciento de la población (19,9 millones de colombianos) y la indigencia, a 16,4 por ciento (7,2 millones)(Portafolio mayo 3 de 2010).
Eso quiere decir que los millones de colombianos que se ganan un salario mínimo, o dos o tres, no son considerados pobres por el estado colombiano. Tal vez el gobierno al ver la dificultad que tiene un colombiano para conseguir trabajo, piensa que los que lo tienen poseen una gran riqueza. Pues en un país como el nuestro eso es cierto. Pero es miope pensar que con los $ 515.000 pesos que se ganan 8 millones de colombianos, les alcance para ingresar a la diezmada clase media.
O sea que si a los 19.9 millones de pobres y a los 7.2 millones de indigentes le sumáramos los miembros de la familias que viven con un salario mínimo, la cantidad de los pobres podría ser el doble de lo que revelan los datos oficiales.
Grandes tendrán que ser los remedios que le pongamos a estos grandes males. Pero, quien podrá hacerlo?. Los candidatos que se atreverían a avanzar en la senda de la reducción de la pobreza, se encuentran en la cola de las encuestas. Esa misma pobreza que perpetúa la ignorancia no le permite al pueblo, tan ocupado consiguiéndose el pan de cada día, ver y decidir acertadamente sobre su futuro gobernante. Y el círculo se mantiene....Pobres de los pobres.
Eso quiere decir que los millones de colombianos que se ganan un salario mínimo, o dos o tres, no son considerados pobres por el estado colombiano. Tal vez el gobierno al ver la dificultad que tiene un colombiano para conseguir trabajo, piensa que los que lo tienen poseen una gran riqueza. Pues en un país como el nuestro eso es cierto. Pero es miope pensar que con los $ 515.000 pesos que se ganan 8 millones de colombianos, les alcance para ingresar a la diezmada clase media.
O sea que si a los 19.9 millones de pobres y a los 7.2 millones de indigentes le sumáramos los miembros de la familias que viven con un salario mínimo, la cantidad de los pobres podría ser el doble de lo que revelan los datos oficiales.
Grandes tendrán que ser los remedios que le pongamos a estos grandes males. Pero, quien podrá hacerlo?. Los candidatos que se atreverían a avanzar en la senda de la reducción de la pobreza, se encuentran en la cola de las encuestas. Esa misma pobreza que perpetúa la ignorancia no le permite al pueblo, tan ocupado consiguiéndose el pan de cada día, ver y decidir acertadamente sobre su futuro gobernante. Y el círculo se mantiene....Pobres de los pobres.
martes, 27 de abril de 2010
COMO VAN LAS METAS DEL BICENTENARIO
Este es un artículo llamado "soñar no cuesta nada", publicado en la revista Semana consultado el 27 de abril de 2010:
En 2004 Álvaro Uribe, cuando ya estaba trabajando por su primera reelección, presentó un plan llamado Visión 2019, con la idea de que durante su gobierno el país se tomaría una ruta definitiva e irreversible hacia la prosperidad. La idea era que en ese año se celebraría un verdadero bicentenario, al conmemorar los dos siglos de la Batalla de Boyacá.
Un grupo de técnicos del Departamento de Planeación Nacional, encabezado por el entonces director Santiago Montenegro, presentó un extenso documento que se discutió durante meses entre empresarios, académicos y políticos. Decenas de viajes, reuniones, y mucho lapicero se gastó para ajustar las metas que se cumplirían en 2010 unas, en 2014 otras, y las finales, para 2019, año en el que Colombia debería estar, completamente pacificado y salido del club de los pobres.
Pero lo resultados a la fecha son decepcionantes. La obsesión de Uribe desde el primer día de gobierno era el aumento de la inversión y por eso su prioridad ha sido derrotar a las Farc. Lo paradójico es que aunque se logró más que la inversión deseada (aspiraba a 25 por ciento del PIB y obtuvo el 27 por ciento), el modelo que se consolidó conspira contra otras de sus metas, pues está basado en el auge de la minería y el petróleo. Es decir, sectores donde prácticamente no se genera empleo. Si a eso se suma que para llegar a ese punto el gobierno tuvo que subir el gasto militar a niveles insospechados y que se le fue la mano en exenciones tributarias a los inversionistas, lo que queda es un modelo que cojea, porque privilegia el capital por encima del trabajo.
El desempleo es el lunar más grande del gobierno, pues según lo proyectado debía estar en 8,6 por ciento y sin embargo está en el 12 por ciento. "En el país no se ha creado un solo empleo formal desde 2006", dice el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Y de hecho, para muchos observadores ese desequilibrio -y hasta tensión- entre inversión y empleo, agudizado por la inesperada y dura crisis económica global, fue crucial para que Uribe haya terminado por dejar al país en un punto muy diferente al que soñaba con su famosa Visión 2019.
Superar la pobreza era un aspecto crítico y, sin embargo, hoy se está en el mismo punto que en 2004, en 45 por ciento, cuando, según los cálculos, debería estar en 33 por ciento. Aunque la crisis económica mundial suele ser la explicación que el gobierno le ha dado a este rezago que bajó de un tajo el crecimiento de 7 puntos a cero, es curioso que otros países de la región, como Brasil, Ecuador o Venezuela, hayan tenido más logros. De hecho, Uribe se proponía bajar la indigencia al 12 por ciento pero esta permanece en 17 por ciento, y en cuanto a cerrar la brecha entre ricos y pobres el gobierno se rajó sin matices. En lugar de bajar a 0,52 por ciento, como se quería, subió a 0,58, dos puntos más de la situación anterior. Más grave aún si se tiene en cuenta que durante un lustro se creció por encima del 4 por ciento, se vendieron importantes empresas del Estado y hubo ganancias extraordinarias por los precios del petróleo; todo esto se desaprovechó para generar una verdadera distribución de la riqueza.
En el tema de seguridad, si bien hay muchos logros ya conocidos, pero las metas trazadas por el propio gobierno están lejos de haberse cumplido en muchos casos. Para 2010 los homicidios debían estar en 21 por cada 100.000 habitantes, y sin embargo, están en 37. Esta cifra es un avance respecto a la tasa de 45 que había en 2004, pero está lejos de lo que se había pronosticado. En parte porque el Plan 2019 da por hecho que para esta época se habrían reincorporado 28.000 personas y todas entrarían a formar parte de la vida social y económica, pero no calcularon que el rearme en grupos emergentes iba a ser tan rápido y masivo. También porque el Plan presupone que en 2010 habría cero matas de coca en el país, y cero familias dedicadas a cultivos; que los narcos estarían reducidos a la mitad y los guerrilleros se irían desmovilizando de a uno. Nadie sabe de dónde salió esta cifra tan absurda. En realidad en los dos últimos años los cultivos han disminuido un 20 por ciento pero aún quedan 80.000 hectáreas. Mucha gente siguió en la ilegalidad por falta de oportunidades.
Otros agujeros negros que se tragaron la visión de futuro fueron el tema de tierras y de infraestructura. Para 2010 debían haber sido adjudicadas 205.000 hectáreas de extinción de dominio para proyectos de agricultura. En realidad se han extinguido más del triple, pero una tercera parte ha vuelto a manos de sus antiguos dueños y hasta finales del año pasado solo se habían adjudicado 50.000 hectáreas de estas. Es decir, una cuarta parte del pronóstico.
La infraestructura es el gran talón de Aquiles. Se debieron haber construido 1.200 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad. Solo se logró construir la mitad, de las cuales hay entregadas únicamente 181 kilómetros de dobles calzadas. Pero hay firmadas concesiones por más de 4.000 kilómetros. El haber privilegiado las vías secundarias, como hizo Uribe en el Plan 2.500, si bien puede parecer un acto de equidad con las regiones, en realidad no resolvía los problemas estructurales ni la competitividad del país.
Adicionalmente se esperaba que el 60 por ciento de los aeropuertos estuviera para esta época funcionando en excelentes condiciones, lo cual está muy lejos de ser una realidad. Basta ver los problemas que ha tenido El Dorado en Bogotá.
En educación, a pesar de los logros en cobertura, sigue habiendo un gran embudo para los jóvenes que terminan secundaria, que son 300.000 cada año, de los cuales apenas 60.000 acceden a educación superior. Aunque muchos ingresan al Sena, todavía no hay evidencia de que logren superar el desempleo, que en esa franja de bachilleres es lo que más les preocupa a los expertos.
Quedaron rezagados temas como el voto electrónico, que ya debía estar funcionando en las ciudades, y la descongestión de la justicia. Al gobierno le tomó ocho años darse cuenta de que había sido un error fusionar este ministerio con el de la política, y a pocas semanas de finalizar el gobierno ha decidido presentar una ley para volver a separarlos.
Son innumerables los aspectos que se han quedado en el tintero o a medio camino, y en algo coinciden todos los expertos consultados por SEMANA: Uribe no supo cambiar de énfasis en su segundo gobierno y su afán por la reelección lo enredó en un camino de clientelismo y politiquería que lo alejó de sus propias metas.
Habrá que ver si el sucesor de Uribe se casa con la propuesta de futuro que este dejó planteado en su Visión 2019. Pero, de ser así, tendría que darse muchas pelas: desmontar las exenciones tributarias y gran parte de los subsidios. Enfrentar la galopante corrupción y aceptar que, como dice Alejandro Gaviria, "el gasto en seguridad llegó al límite y hay que pensar en otras prioridades". Posiblemente esas deudas de equidad, de educación y de desarrollo son las que gravitan en el inconsciente colectivo del país y han hecho que el debate político tomara un giro tan inesperado.
En 2004 Álvaro Uribe, cuando ya estaba trabajando por su primera reelección, presentó un plan llamado Visión 2019, con la idea de que durante su gobierno el país se tomaría una ruta definitiva e irreversible hacia la prosperidad. La idea era que en ese año se celebraría un verdadero bicentenario, al conmemorar los dos siglos de la Batalla de Boyacá.
Un grupo de técnicos del Departamento de Planeación Nacional, encabezado por el entonces director Santiago Montenegro, presentó un extenso documento que se discutió durante meses entre empresarios, académicos y políticos. Decenas de viajes, reuniones, y mucho lapicero se gastó para ajustar las metas que se cumplirían en 2010 unas, en 2014 otras, y las finales, para 2019, año en el que Colombia debería estar, completamente pacificado y salido del club de los pobres.
Pero lo resultados a la fecha son decepcionantes. La obsesión de Uribe desde el primer día de gobierno era el aumento de la inversión y por eso su prioridad ha sido derrotar a las Farc. Lo paradójico es que aunque se logró más que la inversión deseada (aspiraba a 25 por ciento del PIB y obtuvo el 27 por ciento), el modelo que se consolidó conspira contra otras de sus metas, pues está basado en el auge de la minería y el petróleo. Es decir, sectores donde prácticamente no se genera empleo. Si a eso se suma que para llegar a ese punto el gobierno tuvo que subir el gasto militar a niveles insospechados y que se le fue la mano en exenciones tributarias a los inversionistas, lo que queda es un modelo que cojea, porque privilegia el capital por encima del trabajo.
El desempleo es el lunar más grande del gobierno, pues según lo proyectado debía estar en 8,6 por ciento y sin embargo está en el 12 por ciento. "En el país no se ha creado un solo empleo formal desde 2006", dice el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Y de hecho, para muchos observadores ese desequilibrio -y hasta tensión- entre inversión y empleo, agudizado por la inesperada y dura crisis económica global, fue crucial para que Uribe haya terminado por dejar al país en un punto muy diferente al que soñaba con su famosa Visión 2019.
Superar la pobreza era un aspecto crítico y, sin embargo, hoy se está en el mismo punto que en 2004, en 45 por ciento, cuando, según los cálculos, debería estar en 33 por ciento. Aunque la crisis económica mundial suele ser la explicación que el gobierno le ha dado a este rezago que bajó de un tajo el crecimiento de 7 puntos a cero, es curioso que otros países de la región, como Brasil, Ecuador o Venezuela, hayan tenido más logros. De hecho, Uribe se proponía bajar la indigencia al 12 por ciento pero esta permanece en 17 por ciento, y en cuanto a cerrar la brecha entre ricos y pobres el gobierno se rajó sin matices. En lugar de bajar a 0,52 por ciento, como se quería, subió a 0,58, dos puntos más de la situación anterior. Más grave aún si se tiene en cuenta que durante un lustro se creció por encima del 4 por ciento, se vendieron importantes empresas del Estado y hubo ganancias extraordinarias por los precios del petróleo; todo esto se desaprovechó para generar una verdadera distribución de la riqueza.
En el tema de seguridad, si bien hay muchos logros ya conocidos, pero las metas trazadas por el propio gobierno están lejos de haberse cumplido en muchos casos. Para 2010 los homicidios debían estar en 21 por cada 100.000 habitantes, y sin embargo, están en 37. Esta cifra es un avance respecto a la tasa de 45 que había en 2004, pero está lejos de lo que se había pronosticado. En parte porque el Plan 2019 da por hecho que para esta época se habrían reincorporado 28.000 personas y todas entrarían a formar parte de la vida social y económica, pero no calcularon que el rearme en grupos emergentes iba a ser tan rápido y masivo. También porque el Plan presupone que en 2010 habría cero matas de coca en el país, y cero familias dedicadas a cultivos; que los narcos estarían reducidos a la mitad y los guerrilleros se irían desmovilizando de a uno. Nadie sabe de dónde salió esta cifra tan absurda. En realidad en los dos últimos años los cultivos han disminuido un 20 por ciento pero aún quedan 80.000 hectáreas. Mucha gente siguió en la ilegalidad por falta de oportunidades.
Otros agujeros negros que se tragaron la visión de futuro fueron el tema de tierras y de infraestructura. Para 2010 debían haber sido adjudicadas 205.000 hectáreas de extinción de dominio para proyectos de agricultura. En realidad se han extinguido más del triple, pero una tercera parte ha vuelto a manos de sus antiguos dueños y hasta finales del año pasado solo se habían adjudicado 50.000 hectáreas de estas. Es decir, una cuarta parte del pronóstico.
La infraestructura es el gran talón de Aquiles. Se debieron haber construido 1.200 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad. Solo se logró construir la mitad, de las cuales hay entregadas únicamente 181 kilómetros de dobles calzadas. Pero hay firmadas concesiones por más de 4.000 kilómetros. El haber privilegiado las vías secundarias, como hizo Uribe en el Plan 2.500, si bien puede parecer un acto de equidad con las regiones, en realidad no resolvía los problemas estructurales ni la competitividad del país.
Adicionalmente se esperaba que el 60 por ciento de los aeropuertos estuviera para esta época funcionando en excelentes condiciones, lo cual está muy lejos de ser una realidad. Basta ver los problemas que ha tenido El Dorado en Bogotá.
En educación, a pesar de los logros en cobertura, sigue habiendo un gran embudo para los jóvenes que terminan secundaria, que son 300.000 cada año, de los cuales apenas 60.000 acceden a educación superior. Aunque muchos ingresan al Sena, todavía no hay evidencia de que logren superar el desempleo, que en esa franja de bachilleres es lo que más les preocupa a los expertos.
Quedaron rezagados temas como el voto electrónico, que ya debía estar funcionando en las ciudades, y la descongestión de la justicia. Al gobierno le tomó ocho años darse cuenta de que había sido un error fusionar este ministerio con el de la política, y a pocas semanas de finalizar el gobierno ha decidido presentar una ley para volver a separarlos.
Son innumerables los aspectos que se han quedado en el tintero o a medio camino, y en algo coinciden todos los expertos consultados por SEMANA: Uribe no supo cambiar de énfasis en su segundo gobierno y su afán por la reelección lo enredó en un camino de clientelismo y politiquería que lo alejó de sus propias metas.
Habrá que ver si el sucesor de Uribe se casa con la propuesta de futuro que este dejó planteado en su Visión 2019. Pero, de ser así, tendría que darse muchas pelas: desmontar las exenciones tributarias y gran parte de los subsidios. Enfrentar la galopante corrupción y aceptar que, como dice Alejandro Gaviria, "el gasto en seguridad llegó al límite y hay que pensar en otras prioridades". Posiblemente esas deudas de equidad, de educación y de desarrollo son las que gravitan en el inconsciente colectivo del país y han hecho que el debate político tomara un giro tan inesperado.
martes, 20 de abril de 2010
CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA
La propiedad accionaria en Colombia está bastante concentrada. Salvo excepciones determinadas por empresas estatales que se han abierto al mercado accionario para capitalizarse captando dinero del púbico.
Algunos de los casos más conocidos son Ecopetrol, ETB, ISA e Isagén, empresas públicas que decidieron abrirse al capital privado y recibieron nuevos socios, pero sin soltar el control. Las tres han sido famosos por las ventas de acciones que hicieron en los últimos años entre miles de colombianos.
En el sector privado hubo procesos similares en el Grupo Aval y el Banco de Crédito, pero el control de los mayoritarios también es evidente.
De las grandes empresas que cotizan en bolsa, sólo Fabricato y Tablemac tienen un buen número de accionistas, y esto se dio porque esas compañías pagaron deudas con acciones a sus acreedores, luego de entrar en la Ley 550.
Descontando los casos anteriores, todas las demás empresas tranzan en bolsa una parte muy pequeña de sus acciones debido a que la mayor cantidad pertenecen a muy pocos dueños que las amarran y controlan el mercado bursátil.
Así, el número de acciones de las empresas colombianas que permanecen 'flotantes' para ser transadas es muy bajo.
Entre los 'pequeños accionistas' de las empresas hay otros que también concentran buena parte de los títulos, lo que reduce aún más el número de los que verdaderamente se tranzan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Es el caso de los fondos de pensiones, que han comprado participaciones importantes de empresas y las congelan en sus portafolios por un largo periodo.
Cálculos de la BVC indican que el Grupo Aval -controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo- sólo tiene un flotante del 10,6 por ciento de sus acciones. El restante 89,5 por ciento está, básicamente, en manos de Sarmiento, como persona natural (5,93 por ciento), o a través de empresas de las que él es dueño.
El poder extranjero
Otra empresa privada con bajo número de acciones flotantes es Almacenes Éxito, con apenas un 10,5 por ciento, según la BVC. La compañía es controlada por la cadena de hipermercados Casino de Francia. Otros socios minoritarios son inversionistas institucionales, que tienen participaciones individuales de hasta seis por ciento. Los fondos de pensiones, como Protección, ING, Porvenir, Bbva Horizonte, Citi Colfondos y Skandia, tienen participaciones que oscilan entre 0,2 y 3,7 por ciento.
El control extranjero de Almacenes Éxito no es raro, si se tiene en cuenta que otros grupos empresariales del exterior siguen la misma tendencia de los locales, al controlar más del 50 por ciento de las firmas nacidas en Colombia.
Compañías como Bavaria, Avianca y Coltabaco fueron adquiridas por inversionistas internacionales, que las sacaron de la bolsa.
"En el país debe haber más empresas que tengan al menos un flotante del 20 por ciento para darles a otros inversionistas más opciones de liquidez. Un mayor flotante no significa que los mayoritarios pierdan el control", dice José Fernando Restrepo, analista de la firma Interbolsa. (Portafolio, junio 14 de 2009).
Muy poco para los pequeños
De las principales empresas inscritas en la BVC son muy pocas cuya propiedad accionaria está atomizada entre muchos inversionistas. Es el caso de Fabricato, cuyo volumen de acciones flotantes ronda el 65 por ciento.
Otro caso es Tablemac, cuyas acciones flotantes son el 62 por ciento del total.
Este año, los dueños de esas empresas han tenido una rentabilidad importante.
Necesitamos una bolsa de valores mas dinámica y una cultura bursátil en la que crecientes número de personas y así se democratice la propiedad de las empresas y se irriguen sus utilidades.
Algunos de los casos más conocidos son Ecopetrol, ETB, ISA e Isagén, empresas públicas que decidieron abrirse al capital privado y recibieron nuevos socios, pero sin soltar el control. Las tres han sido famosos por las ventas de acciones que hicieron en los últimos años entre miles de colombianos.
En el sector privado hubo procesos similares en el Grupo Aval y el Banco de Crédito, pero el control de los mayoritarios también es evidente.
De las grandes empresas que cotizan en bolsa, sólo Fabricato y Tablemac tienen un buen número de accionistas, y esto se dio porque esas compañías pagaron deudas con acciones a sus acreedores, luego de entrar en la Ley 550.
Descontando los casos anteriores, todas las demás empresas tranzan en bolsa una parte muy pequeña de sus acciones debido a que la mayor cantidad pertenecen a muy pocos dueños que las amarran y controlan el mercado bursátil.
Así, el número de acciones de las empresas colombianas que permanecen 'flotantes' para ser transadas es muy bajo.
Entre los 'pequeños accionistas' de las empresas hay otros que también concentran buena parte de los títulos, lo que reduce aún más el número de los que verdaderamente se tranzan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Es el caso de los fondos de pensiones, que han comprado participaciones importantes de empresas y las congelan en sus portafolios por un largo periodo.
Cálculos de la BVC indican que el Grupo Aval -controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo- sólo tiene un flotante del 10,6 por ciento de sus acciones. El restante 89,5 por ciento está, básicamente, en manos de Sarmiento, como persona natural (5,93 por ciento), o a través de empresas de las que él es dueño.
El poder extranjero
Otra empresa privada con bajo número de acciones flotantes es Almacenes Éxito, con apenas un 10,5 por ciento, según la BVC. La compañía es controlada por la cadena de hipermercados Casino de Francia. Otros socios minoritarios son inversionistas institucionales, que tienen participaciones individuales de hasta seis por ciento. Los fondos de pensiones, como Protección, ING, Porvenir, Bbva Horizonte, Citi Colfondos y Skandia, tienen participaciones que oscilan entre 0,2 y 3,7 por ciento.
El control extranjero de Almacenes Éxito no es raro, si se tiene en cuenta que otros grupos empresariales del exterior siguen la misma tendencia de los locales, al controlar más del 50 por ciento de las firmas nacidas en Colombia.
Compañías como Bavaria, Avianca y Coltabaco fueron adquiridas por inversionistas internacionales, que las sacaron de la bolsa.
"En el país debe haber más empresas que tengan al menos un flotante del 20 por ciento para darles a otros inversionistas más opciones de liquidez. Un mayor flotante no significa que los mayoritarios pierdan el control", dice José Fernando Restrepo, analista de la firma Interbolsa. (Portafolio, junio 14 de 2009).
Muy poco para los pequeños
De las principales empresas inscritas en la BVC son muy pocas cuya propiedad accionaria está atomizada entre muchos inversionistas. Es el caso de Fabricato, cuyo volumen de acciones flotantes ronda el 65 por ciento.
Otro caso es Tablemac, cuyas acciones flotantes son el 62 por ciento del total.
Este año, los dueños de esas empresas han tenido una rentabilidad importante.
Necesitamos una bolsa de valores mas dinámica y una cultura bursátil en la que crecientes número de personas y así se democratice la propiedad de las empresas y se irriguen sus utilidades.
domingo, 8 de noviembre de 2009
CONCENTRACION DE LA TIERRA Y CONCENTRACION DE AYUDAS DEL ESTADO
Los datos de la concentración de la tierra en Colombia son aterradoras. Veamos algunos artículos que he consultado:
"En la actualidad Colombia muestra un proceso continuo y creciente de concentración en la propiedad de la tierra. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, alrededor de 2.428 propietarios públicos y privados (0.06%) poseen 44 millones de Hectáreas del territorio registrado catastralmente (53.5%), controlando en promedio 18.093 Ha por propietario.En contraste, 2.2 millones de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) corresponden a una estructura de minifundios menores de 3 Ha, lo cual equivale a un 1.7% del territorio registrado catastralmente. Al comparar la primera y la segunda franja de control territorial, encontramos que el territorio promedio de cada uno de los grandes propietarios es equivalente a 6000 veces la propiedad promedio de los microfundistas y minifundistas" (ARTICULO la desigualdad en la propiedad de la tierra publicado en la página web www.colombia.indymedia.org)
"Doce mil propietarios poseen el 20% del total de la tierra en Colombia" (Periodico La Tarde, Pereira, 07 de septiembre de 2003)
"En Colombia existen 98.3 millones de hectáreas rurales escrituradas, de acuerdo con un informe sobre la propiedad rural en Colombia y las alternativas para una reforma agraria, realizado por la Contraloría. El estudio, que tuvo la participación del ex contralor Carlos Ossa Escobar y de su sucesor, Antonio Hernández Gamarra, indica que la mitad de estos terrenos son de propiedad privada; el 32% está en posesión de comunidades indígenas, y el 16% pertenecen al Estado" (La Tarde, Pereira, 07 de septiembre de 2003).
"La concentración de la propiedad de la tierra es sencillamente dramática. Según datos que entregaban para 2003 el Instituto Geográfico Agustín Codazi (IGAC) y CORPOICA el 61% de la tierra en Colombia está en poder del 0.4% de los propietarios, mientras que 97% de estos deben conformarse con apenas el 24% de la tierra" (cartilla propiedad de la tierra y desplazamiento en Colombia, publicada en la página web de la Asociación de Campesinos de Antioquia: www.acantioquia.org).
Esta triste realidad es uno de los mas grandes obstáculos para el desarrollo del País. La concentración de la propiedad alimenta las desigualdades, y genera los conflictos que ha vivido nuestro país durante casi toda su historia. Los gobiernos, en términos generales no han querido o no han podido hacer nada para cambiar esta situación. Los terratenientes manejan el estado colombiano según su criterio de avaricia que no contempla en ningún momento la posibilidad de hacer una verdadera reforma agraria. No importa cuanta sangre se derrame, ellos nunca aceptarán compartir la propiedad de la tierra, aunque no la usen para fines productivos. Están enquistados en las altas esferas del poder político y le han venido dando mas y mas fuerza a la teoría de que el estado debe fortalecer y favorecer con sus politicas y sus recursos a los grandes propietarios rurales porque así ellos crearán empleos para el campesino que con esa práctica nunca dejará de ser un jornalero.
El actual gobierno de Alvaro Uribe ha acentuado de una manera descomunal e inimaginable esa forma de actuar promulgando la premisa y vendiendo la idea de que el campo sólo se puede desarrollar a través de empresarios "eficientes". En la mente de Alvaro Uribe no cabe la idea de que los campesinos puedan autoemplearse dignamente y crear empleos dignos, ni mucho menos que puedan ellos traer el desarrollo al campo. Considera este gobierno y su ministerio de agricultura que nuestros campesinos no son merecedores de las ayudas estatales porque no tienen capacidad para generar una economía de escala y porque sus prácticas productivas siguen siendo artesanales. Se argumenta que solamente el gran empresariado del campo es capaz de generar empleo y se desconoce que si se favoreciera a los campesinos pequeños propietarios, con préstamos, subsidios, asesoria, comercialización, infraestructura, etc, serían éstos los grandes generadores de empleo rural ya que millones de campesinos generando empleo en pequeña escala, generarían millones de empleos.
Pero tenemos un gobierno que como ningún otro trabaja para los terretenientes, los banqueros y las multinacionales con la idea de que favoreciendo al rico, se favorece al pobre. Alvaro Uribe cree que los ricos reciben las ayudas estatales en forma de subsidios, exenciones de impuestos, y los diversos beneficios que les ha otorgado, y que ellos irrigarán esas ayudas en toda la sociedad. Piensa que los recursos entregados a los mas acaudalados fluirán como el agua de un rio hacia las masas de campesinos y desarraigados, y que todos serán favorecidos de esa manera. Cree además nuestro jefe de estado que Colombia no necesita un campesinado fuerte sino una masa debil de jornaleros sometidos y dependiendo de los grandes propietarios del campo para sobrevivir. Y por último, piensa el actual presidente que si enriquece mas a los ricos, se reducirán las desigualdades sociales y se cerrará la brecha entre ricos y pobres.
Los escándalos desatados recientemente con el programa Agro Ingreso Seguro, sólo son una muestra de la forma de pensar y de sentir de nuestro presidente respecto de los campesinos y el campo. Es una demostración de su concepción de sociedad en la que, por lo que se ha visto, está claramente establecido que debe existir una clase poderosa, dominante y reducida de empresarios, terratenientes, banqueros y burócratas, y una clase numerosa, sometida, subordinada y obediente de jornaleros, trabajadores, indigentes y desplazados. Para él eso funciona siempre y cuando haya seguridad democrática.
"En la actualidad Colombia muestra un proceso continuo y creciente de concentración en la propiedad de la tierra. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, alrededor de 2.428 propietarios públicos y privados (0.06%) poseen 44 millones de Hectáreas del territorio registrado catastralmente (53.5%), controlando en promedio 18.093 Ha por propietario.En contraste, 2.2 millones de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) corresponden a una estructura de minifundios menores de 3 Ha, lo cual equivale a un 1.7% del territorio registrado catastralmente. Al comparar la primera y la segunda franja de control territorial, encontramos que el territorio promedio de cada uno de los grandes propietarios es equivalente a 6000 veces la propiedad promedio de los microfundistas y minifundistas" (ARTICULO la desigualdad en la propiedad de la tierra publicado en la página web www.colombia.indymedia.org)
"Doce mil propietarios poseen el 20% del total de la tierra en Colombia" (Periodico La Tarde, Pereira, 07 de septiembre de 2003)
"En Colombia existen 98.3 millones de hectáreas rurales escrituradas, de acuerdo con un informe sobre la propiedad rural en Colombia y las alternativas para una reforma agraria, realizado por la Contraloría. El estudio, que tuvo la participación del ex contralor Carlos Ossa Escobar y de su sucesor, Antonio Hernández Gamarra, indica que la mitad de estos terrenos son de propiedad privada; el 32% está en posesión de comunidades indígenas, y el 16% pertenecen al Estado" (La Tarde, Pereira, 07 de septiembre de 2003).
"La concentración de la propiedad de la tierra es sencillamente dramática. Según datos que entregaban para 2003 el Instituto Geográfico Agustín Codazi (IGAC) y CORPOICA el 61% de la tierra en Colombia está en poder del 0.4% de los propietarios, mientras que 97% de estos deben conformarse con apenas el 24% de la tierra" (cartilla propiedad de la tierra y desplazamiento en Colombia, publicada en la página web de la Asociación de Campesinos de Antioquia: www.acantioquia.org).
Esta triste realidad es uno de los mas grandes obstáculos para el desarrollo del País. La concentración de la propiedad alimenta las desigualdades, y genera los conflictos que ha vivido nuestro país durante casi toda su historia. Los gobiernos, en términos generales no han querido o no han podido hacer nada para cambiar esta situación. Los terratenientes manejan el estado colombiano según su criterio de avaricia que no contempla en ningún momento la posibilidad de hacer una verdadera reforma agraria. No importa cuanta sangre se derrame, ellos nunca aceptarán compartir la propiedad de la tierra, aunque no la usen para fines productivos. Están enquistados en las altas esferas del poder político y le han venido dando mas y mas fuerza a la teoría de que el estado debe fortalecer y favorecer con sus politicas y sus recursos a los grandes propietarios rurales porque así ellos crearán empleos para el campesino que con esa práctica nunca dejará de ser un jornalero.
El actual gobierno de Alvaro Uribe ha acentuado de una manera descomunal e inimaginable esa forma de actuar promulgando la premisa y vendiendo la idea de que el campo sólo se puede desarrollar a través de empresarios "eficientes". En la mente de Alvaro Uribe no cabe la idea de que los campesinos puedan autoemplearse dignamente y crear empleos dignos, ni mucho menos que puedan ellos traer el desarrollo al campo. Considera este gobierno y su ministerio de agricultura que nuestros campesinos no son merecedores de las ayudas estatales porque no tienen capacidad para generar una economía de escala y porque sus prácticas productivas siguen siendo artesanales. Se argumenta que solamente el gran empresariado del campo es capaz de generar empleo y se desconoce que si se favoreciera a los campesinos pequeños propietarios, con préstamos, subsidios, asesoria, comercialización, infraestructura, etc, serían éstos los grandes generadores de empleo rural ya que millones de campesinos generando empleo en pequeña escala, generarían millones de empleos.
Pero tenemos un gobierno que como ningún otro trabaja para los terretenientes, los banqueros y las multinacionales con la idea de que favoreciendo al rico, se favorece al pobre. Alvaro Uribe cree que los ricos reciben las ayudas estatales en forma de subsidios, exenciones de impuestos, y los diversos beneficios que les ha otorgado, y que ellos irrigarán esas ayudas en toda la sociedad. Piensa que los recursos entregados a los mas acaudalados fluirán como el agua de un rio hacia las masas de campesinos y desarraigados, y que todos serán favorecidos de esa manera. Cree además nuestro jefe de estado que Colombia no necesita un campesinado fuerte sino una masa debil de jornaleros sometidos y dependiendo de los grandes propietarios del campo para sobrevivir. Y por último, piensa el actual presidente que si enriquece mas a los ricos, se reducirán las desigualdades sociales y se cerrará la brecha entre ricos y pobres.
Los escándalos desatados recientemente con el programa Agro Ingreso Seguro, sólo son una muestra de la forma de pensar y de sentir de nuestro presidente respecto de los campesinos y el campo. Es una demostración de su concepción de sociedad en la que, por lo que se ha visto, está claramente establecido que debe existir una clase poderosa, dominante y reducida de empresarios, terratenientes, banqueros y burócratas, y una clase numerosa, sometida, subordinada y obediente de jornaleros, trabajadores, indigentes y desplazados. Para él eso funciona siempre y cuando haya seguridad democrática.
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